Desde las organizaciones firmantes se argumenta que la ausencia del país en este espacio de negociación no solo rompe con una larga tradición internacional, sino que también margina a Argentina de las discusiones fundamentales sobre financiamiento para enfrentar la crisis climática. La falta de participación en la COP29, que tiene como objetivo definir nuevas metas de financiamiento climático, limita la capacidad de Argentina para influir en decisiones cruciales que afectan su situación ambiental, especialmente en un país que ya sufre las consecuencias del cambio climático, como sequías, incendios y destrucción de biodiversidad.
Además, se enfatiza la necesidad de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, ratificado por Argentina en 2016, y de rechazar cualquier iniciativa que sugiera un apartamiento de estos acuerdos. La decisión del gobierno también ha sido criticada por violar la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, aprobada por el Congreso de la Nación en 2019, así como por contravenir los principios de protección ambiental establecidos en la Constitución Nacional.
Las organizaciones instan al gobierno a reconsiderar su posición y a priorizar la participación activa en las negociaciones climáticas, cruciales para el desarrollo de estrategias ambiciosas que promuevan la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático.
Alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental es esencial para el futuro del país y la calidad de vida de sus ciudadanos. Las decisiones en torno al cambio climático deben tener en cuenta no solo los intereses inmediatos, sino también un compromiso genuino con las generaciones futuras.
