Reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho implica mucho más
que una declaración formal: supone garantizar, en la práctica, el acceso pleno a todos los
aspectos de la vida, incluida la sexualidad. Este reconocimiento exige dejar atrás miradas
asistencialistas y avanzar hacia un enfoque que respete la autonomía, la capacidad de
decisión y la dignidad de cada persona. Sin embargo, cuando la sexualidad y la educación
sexual integral permanecen invisibilizadas, esos derechos se ven limitados. Hablar de
estos temas, hacerlos accesibles y presentes en las políticas públicas y en los espacios
cotidianos, no es opcional: es una condición necesaria para una ciudadanía plena e
inclusiva.
En el marco de mi participación en la Comisión de Género, Sexualidad y Violencia con
perspectiva en discapacidad de Co.Pro.Dis, surge con claridad una necesidad impostergable: garantizar
la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) no solo en las escuelas,
sino también en las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios a personas
adultas con discapacidad.
Hablar de sexualidad en discapacidad sigue siendo, en muchos espacios, un tema
incómodo o directamente ausente. Sin embargo, la sexualidad es una dimensión central
de la vida de todas las personas. Negarla, ocultarla o evitar abordarla no protege: por el
contrario, expone a situaciones de mayor vulnerabilidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho
a vivir de forma autónoma, a tomar decisiones sobre la propia vida y a acceder a
información adecuada. Esto incluye, de manera indiscutible, el derecho a una vida sexual
plena, informada y libre de violencias.
En este sentido, la implementación de la ESI debe contemplar ajustes y apoyos adecuados.
No alcanza con “incluir” contenidos: es necesario garantizar que la información sea
accesible, con lenguaje claro, formatos comprensibles y estrategias pedagógicas acordes
a las distintas necesidades. Las personas con discapacidad deben poder comprender qué
es el consentimiento, reconocer situaciones de abuso o violencia, y saber cómo y dónde
pedir ayuda.
Hoy nos encontramos con una realidad preocupante: muchas personas con discapacidad
no cuentan con herramientas para identificar situaciones de violencia, y cuando logran
hacerlo, encuentran barreras para denunciar. Estas barreras pueden ser comunicacionales,
institucionales o actitudinales. A esto se suma un problema aún más profundo: la
invisibilización, agravada por la falta de datos estadísticos sistemáticos y accesibles que
permitan dimensionar la magnitud de la violencia hacia las personas con discapacidad.
Sin información confiable y desagregada, no solo se dificulta el diseño de políticas
públicas eficaces, sino que también se perpetúa la negación del problema.
Esta preocupación no es solo local. El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas expresó recientemente su preocupación
por la situación de las mujeres con discapacidad en Argentina, señalando la falta de
políticas con enfoque interseccional, las barreras en el acceso a la justicia y a los servicios
de salud sexual y reproductiva, así como la persistencia de prácticas discriminatorias y la
insuficiente accesibilidad de los dispositivos existentes (Observatorio de Salud Mental y
Derechos Humanos, 2024).
Asimismo, se advierte la eliminación o debilitamiento de programas específicos de apoyo
y la falta de accesibilidad en canales de denuncia, lo que limita gravemente el ejercicio
de derechos y profundiza la desigualdad estructural que atraviesan las mujeres con
discapacidad (Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, 2024).
En numerosas ocasiones, las propias dependencias provinciales que abordan la violencia
de género no contemplan a las personas con discapacidad en sus dispositivos de atención.
Esto genera un vacío que deja a muchas personas sin respuestas adecuadas, sin
acompañamiento y sin acceso real a la justicia.
Por eso, es fundamental avanzar hacia políticas públicas integrales que articulen
discapacidad, género y derechos humanos. La ESI debe llegar a todos los espacios:
escuelas, talleres protegidos, centros de día, hogares y organizaciones civiles. Y debe
hacerlo con una perspectiva que reconozca a las personas con discapacidad como sujetas
de derecho, con voz propia y capacidad de decisión.
El desafío no es solo visibilizar, sino transformar. Resulta imprescindible impulsar
programas efectivos y sostenidos que garanticen el acceso real a derechos, acompañados
de instancias de capacitación obligatoria para quienes intervienen en la atención y el
acompañamiento: agentes de salud, fuerzas de seguridad, operadores judiciales y equipos
educativos. Estas acciones deben diseñarse e implementarse con la participación activa
de las propias personas con discapacidad, reconociendo sus experiencias, saberes y
necesidades como eje central. Solo así será posible construir respuestas integrales,
accesibles y respetuosas, que permitan prevenir la violencia, fortalecer la autonomía y
asegurar una vida libre de violencias para todas las personas.
Daniela Carrera, Consejera del Consejo Provincial de Discapacidad de Neuquén
