El objetivo principal del allanamiento es la recolección de muestras de suelo en áreas hasta ahora inaccesibles, utilizando maquinaria pesada, así como la incautación de documentación física y digital relacionada con el tratamiento, traslado y disposición de residuos petroleros. Se busca además verificar el cumplimiento del plan de remediación autorizado por la Secretaría de Ambiente en 2024, que contemplaba el movimiento de los residuos acumulados hacia un relleno de seguridad.
Este capítulo en la investigación se desarrolla en el contexto de una causa penal en curso, en la cual ya han sido imputados tres responsables de la empresa: dos directivos y un empleado, bajo los cargos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. Específicamente, se investiga si Comarsa simuló el tratamiento de residuos, acumulándolos sin control y emitiendo certificados falsos para encubrir prácticas ilegales. También se indaga sobre el uso irregular de tierras fiscales y la sobreocupación de la capacidad autorizada.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas se ha impulsado esta causa desde 2020, advirtiendo que Comarsa acumulaba toneladas de barros petroleros sin un tratamiento adecuado, lo que genera un riesgo sanitario inaceptable para las comunidades cercanas. Inspecciones realizadas en 2023 y 2024 revelaron que gran parte de la planta estaba ocupada por residuos, lo que dificultó verificar los daños reales al suelo. Solo con el inicio del retiro parcial de residuos en 2024 se lograron abrir nuevas zonas clave para la investigación.
En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén restableció embargos preventivos contra la empresa por más de siete millones de dólares, como medida de precaución ante la magnitud del daño ambiental causado. El operativo de hoy representa un paso crucial en la obtención de pruebas y podría llevar a nuevas imputaciones o medidas cautelares, dependiendo de los análisis de las muestras recolectadas y el material incautado.
Desde Abogados/as Ambientalistas argumentan que este caso es un claro ejemplo de un modelo extractivo que externaliza sus costos y degrada territorios, exigiendo luego que el Estado y la sociedad asuman la responsabilidad de la limpieza. La experiencia con el fracking muestra que, lejos de ser una solución energética sostenible, genera pasivos ambientales de alto riesgo. Por ello, desde la Asociación se exige a la justicia que actúe con firmeza, imponga sanciones ejemplares y evite que los costos de remediación recaigan sobre las comunidades o el erario público. No solo se trata de sancionar delitos del pasado, sino de prevenir que se repitan bajo nuevas formas.
Desde la Asociacion se hace un llamado a todas las organizaciones sociales, dependencias estatales, movimientos territoriales y medios comprometidos con la justicia ambiental para que sigan este proceso con atención crítica. La salud pública, la integridad del territorio patagónico y el derecho al ambiente y la salud de las generaciones futuras están en juego. No habrá procesos de transición ecosocial sin memoria, reparación y sin freno a la impunidad empresarial.
La reciente acción judicial contra Comarsa, en el contexto de la acumulación de residuos petroleros en el Parque Industrial de Neuquén, pone de manifiesto la urgente necesidad de responsabilidad empresarial en el sector energético. Este caso no solo expone las practicas irregulares de una empresa que ha priorizado la maximización de beneficios a expensas de la salud pública y del medio ambiente, sino que también resalta la importancia de la vigilancia y el compromiso de la sociedad civil.
Fuente: https://aadeaa.org/allanamiento-en-los-basureros-petroleros/
