Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la región han pasado de ser colaboradoras estratégicas del Estado a convertirse en las principales amortiguadoras de crisis . Hoy, esa red de contención (que muchas veces están donde las estructuras oficiales no alcanzan y garantiza derechos fundamentales ) se encuentran en estado de alerta máxima debido a un ahogo financiero que combina altos costos de funcionamiento administrativo y de funcionamiento, una desactualización crítica de los convenios vigentes y una demanda social que no deja de crecer. Sin un sostén económico acorde a la realidad actual, se pone en riesgo la supervivencia de las instituciones que sostienen el tejido social más vulnerable.
La cara más urgente de esta crisis se vive en el sector de la discapacidad. Instituciones que brindan servicios esenciales denuncian un abandono sistemático por parte de los organismos nacionales.
Una de las OSC que expresaron su preocupación y su pedido de ayuda es el caso de la Asociación Civil de Ayuda en Discapacidad de Aluminé (ACADA), que hoy se encuentra en jaque por una deuda de Nación que oscila entre los 30 y 40 millones de pesos que hace peligrar su continuidad.
"Estamos remando en dulce de leche", declaró Marcela González, referente de la entidad, al explicar que los pagos recibidos corresponden a meses del año pasado, mientras que durante todo el 2025 los aranceles permanecieron congelados frente a una estructura de costos en constante aumento. Este desfasaje no solo pone en riesgo la continuidad laboral de sus trabajadores, sino que amenaza con dejar a decenas de niños, jóvenes y adultos mayores sin sus espacios de asistencia.
El problema tiene una raíz clara: la falta de flujo de fondos desde programas nacionales, con el programa Incluir Salud como principal exponente de la mora. Para las instituciones, que funcionan bajo la figura jurídica de asociaciones civiles o fundaciones, este escenario no representa solo un problema contable, sino la imposibilidad material de sostener equipos profesionales, infraestructura y servicios terapéuticos.
Al no contar con fines de lucro y depender estrictamente de los aranceles por prestación, las OSC no tienen margen de maniobra ante retrasos que, en muchos casos, superan los seis meses. El reclamo recurrente de los referentes del sector es que la deuda acumulada —que en instituciones medianas ya se cuenta por decenas de millones de pesos— ha devorado cualquier reserva o fondo de emergencia.
Ante la retirada de Nación y el congelamiento de valores , el tercer sector ha comenzado a exigir una intervención más robusta de los gobiernos provinciales. El argumento es contundente: no se trata de un pedido de subsidios aislados, sino de algo estructural.
La posible caída de una organización de la sociedad civil no es un hecho aislado: representa la pérdida de años de historia , de vínculos y de un conocimiento territorial que el Estado no tiene la estructura para suplir el vacío que dejarían las organizaciones si dejan de funcionar. La advertencia es clara, lo que está en juego no es solo la supervivencia de las instituciones, sino la vigencia real de los derechos humanos de miles de ciudadanos en las provincias.
