La discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad ha generado opiniones divididas en la sociedad. Teresa señala que lo que está en juego es el bienestar de las niñeces que podrían verse afectados por esta decisión. “Bajar la edad de imputabilidad no resolverá el problema, sino que podría agravar la situación de esos adolescentes”, explica.
Además las estadísticas demuestran que la juventud en conflicto con la ley no es tan alarmante como se plantea en algunos discursos mediáticos. Resaltó que estas narrativas distorsionan la imagen de los y las adolescentes y contribuyen a una cultura del miedo.
“El enfoque mediático a menudo se basa en casos excepcionales de delitos graves cometidos por jóvenes, lo que no refleja la realidad de la mayoría de ellos, en los estudios que hemos realizado, se evidencia que la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son hurtos menores. El enfoque debe ser en cómo prevenir que estos jóvenes lleguen a delinquir, no en encadenarlos más”, agregó.
La propuesta original del gobierno postulaba la reducción a 13 años, con penas severas para los infractores. Sin embargo, algunas propuestas en el Congreso han modificado esto a 14 años.
Durante la entrevista Casala también hizo un llamado a la comunidad y a los legisladores para buscar juntos soluciones efectivas. “Las posturas en el Congreso están extremadamente polarizadas, y eso nos impide encontrar soluciones efectivas. Debemos buscar un diálogo que priorice el bienestar de nuestros jóvenes, no solo la seguridad de los adultos”
Teresa destacó que a menudo se ignoran los derechos de los menores en conflicto con la ley. “El desafío es trabajar en crear un entorno donde los jóvenes puedan desarrollar su potencial y participar activamente en la sociedad. No hablamos de darles una segunda oportunidad, sino de brindarles una oportunidad desde el inicio”, enfatizó.
Profundizando en alternativas al sistema punitivo, Teresa Casala abogó por modelos de justicia restaurativa que prevean la rehabilitación y la reintegración social. “Es fundamental que haya programas de probation y medidas comunitarias que busquen reparar el daño en lugar de castigar. Estos modelos han mostrado resultados positivos en diversas experiencias”, indicó.
Finalmente, Casala concluye que la verdadera seguridad y protección de nuestras comunidades radica en la inversión en educación y oportunidades para los jóvenes, en lugar de recurrir a políticas de miedo y castigo. “Debemos preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una que valore la dignidad y el potencial de cada uno de sus miembros o una que elija el camino del castigo y la exclusión”.
El relato de Teresa Casala nos hace un llamado a mirar más allá de la criminalización y hacia la construcción de un futuro donde niñeces tengan acceso a oportunidades reales y significativas para su desarrollo. En un contexto de creciente preocupación por la seguridad, su enfoque centrado en la rehabilitación, la inclusión y la justicia sugiere que el cambio es posible y necesario.
