
El gobierno nacional restringe el acceso a la información pública.
DF
Este decreto otorga al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para definir qué datos se consideran de interés público, limitando así el acceso de los ciudadanos, ya sea de forma individual, colectiva o a través de la prensa.
La normativa modifica la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se basa en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Aunque el decreto menciona principios de transparencia y participación ciudadana, en la práctica reduce la información que la administración de La Libertad Avanza (LLA) está dispuesta a divulgar.
La restricción del acceso a la información pública por parte del gobierno de Milei socava la transparencia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales de la democracia. Limitar la información disponible afecta la confianza en las instituciones y dificulta la participación ciudadana, lo que puede tener consecuencias negativas para la gobernanza en Argentina.




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